5 G-1 R-DAGJ-78-2004 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Asesoría y Gestión Jurídica. San José, a las diez horas del doce de febrero del dos mil cuatro.------------------------------------------- Recursos de apelación interpuestos por Transportes Rivera, S.A. y Asociación de Desarrollo Integral de San Juan de Puriscal, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública número 51-2003, promovida por el Ministerio de Educación Pública, cuyo objeto es la contratación del servicio de transportes de estudiantes para el ciclo lectivo 2004, rutas 5218, 5229, 5814, 5819 y 5821, adjudicadas a TRAMAYCA, las dos primeras, y Oscar Jiménez Cordero, Marvin Monge M.-German Salazar, las otras tres. Monto de las rutas 5218 y 5229: ¢3.388.000,00.-- R E S U L T A N D O I. Transportes Rivera, S.A. y Asociación de Desarrollo Integral de San Juan de Puriscal, interpusieron sus recursos de apelación el 2 de febrero del año en curso. Para el primero de los recurrentes, se presentan los siguientes alegatos en punto a las rutas 5819 y 5821 (adjudicatarios: Marvin Monge M. y German Salazar). a) Consorcio: el oferente adjudicatario debió cumplir con los requisitos dispuestos en los numerales 38 de la Ley de Contratación Administrativa y 41 del Reglamento General; b) Precio: se está otorgando un puntaje mayor por haber ofertado un precio menor al indicado por la misma administración. En su caso, afirma que respetó el monto fijado por la licitante. En suma, la administración adjudica una oferta ruinosa. c) Patrono y flotilla: no consta que el oferente esté registrado como patrono. Además, los oferentes recurren a la figura del arriendo para la flotilla a utilizar por lo que, si no cuentan con buses propios, como es que prestan el servicio de transporte como permisionarios. En cuanto a la ruta 5814 (adjudicatario: Oscar Jiménez Cordero): a) Experiencia: No se presenta el documento por medio del cual se acredite la experiencia. Este debía emitirlo el Ministerio de Educa ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Servicios de Educación, Culturales y Deportivos División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Servicios de Educación, Culturales y Deportivos Sra. Lilliana Solís Solís -2- 9 de diciembre, 2003 Al contestar refiérase al oficio Nº 14517 10 de diciembre, 2003 FOE-EC-658 Licenciado José Francisco Arias Núñez Jefe Sección D.V., Coordinador Comisión Técnica Ley Nº 8283 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Estimado señor: Asunto: Se atiende oficio DEE-1048-2003 del 20 de noviembre de este año. Me refiero a su nota DE-1048-2003 de fecha 20 de noviembre del presente año, relacionada con la aplicación de la Ley Nº 8283, “Ley para el financiamiento y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV ciclos de la Educación regular y de los servicios de III y IV ciclos de la Educación Especial”. Nos indica que se ha integrado la Comisión Técnica Especializada, cuya función específica es conocer y autorizar las solicitudes de recursos económicos presentados por las instituciones y personas beneficiarias de dicha ley. Además solicita “la acreditación correspondiente para el ejercicio de esta función, y a su vez informarnos sobre cualquier disposición legal existente al respecto, que pueda afectar el normal funcionamiento de esta Comisión.” Sobre el particular, acusamos recibo de su oficio y a la vez le comunicamos que este Despacho no es competente para conceder la “acreditación” solicitada. Sobre la existencia de “normativa legal existente al respecto”, en primera instancia dicha información debe ser obtenida a lo interno del Ministerio y en caso de existir alguna duda concreta, deberá ser formulada ante este Órgano Contralor en caso de que sea de nuestra competencia. Atentamente, Lic. Renato Rey Méndez Abogado de Área RRM/mmh ci Secretaría Técnica Abogado del Área Expediente Archivo Central (2) Ni: 23312 Criterios y pr ...

División De Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División De Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores 2 Lic. Harry J. Maynard Fernández 15 de noviembre, 2003 Al contestar refiérase al oficio Nº 13034 15 de noviembre, 2003 DI-CR-0514 LicenciadO Harry J. Maynard Fernández Auditor Interno MINISTERIO DE EDUCACION PUBICA Estimado señor: Asunto: Mediante oficio A.I.-0548-03 del 14 de agosto del 2003 se solicita el criterio a este Órgano Contralor, acerca de la competencia de la auditoría interna del Ministerio de Educación Pública para auditar al Colegio Universitario de Limón. Al respecto le remito el oficio N° 11670 (DI-CR- 452-2003) del 20 de octubre del 2003 en el cual se analizó la conveniencia de que los Colegios Universitarios tengan su propia unidad de auditoría interna, en virtud de que este tipo de instituciones, por su naturaleza jurídica, no pueden ser auditados integralmente por ninguna institución pública, con excepción por supuesto de esta Contraloría General. Ello con fundamento en la Ley de Creación del Colegio Universitario de Limón, Ley N° 7941, así como, en la Ley de Creación y Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Parauniversitaria, Ley N° 6541, que definen a los colegios universitarios como instituciones semiautónomas de educación superior, que gozarán de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Aunado a lo anterior, ese cuerpo normativo no contempla disposición que le otorgue competencia a la auditoria interna del Ministerio de Educación, para fiscalizar ese tipo de instituciones, sin perjuicio del control que en materia sustantiva corresponde al Consejo de Educación Superior. Mas aún, el artículo 23 del Decreto ejecutivo 30431 antes citado dispone: “Artículo 23.—Los Consejos Directivos de los Colegios Universi ...

1 5 Señor. Pbro. José Angel Prado M. 19 de junio de 2003 DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio Nº 6439 19 de junio de 2003 DAGJ-828-2003 Señor Pbro. José Angel Prado M. Director COLEGIO TECNICO DON BOSCO Estimado señor: Asunto: Se atiende consulta en cuanto la posibilidad de que el Colegio Técnico Don Bosco pueda excepcionarse de manera permanente para comprar en forma directa. Damos respuesta a su oficio sin número recibido el 05 de junio pasado, mediante el cual solicita una excepción permanente para comprar en forma directa. I. Justificación de la solicitud Señala que el Colegio Técnico Don Bosco es una institución educativa privada, que se beneficia con los fondos que provienen de la Ley N° 7372, la cual a partir de 1994 distribuye el 5% del superavit del Instituto Nacional de Aprendizaje entre todos los colegios técnicos del país. Además, que el pago de los salarios del Colegio lo hace el Estado a modo de subvención. Sigue indicando, que la Institución no cuenta con el recurso humano preparado para llevar adelante un proceso de compra por medio de licitaciones, ni la experiencia de acciones anteriores semejantes a estas. Siendo que la Institución tiene urgencia para equiparar los nuevos laboratorios del proyecto CEDES Don Bosco en Alajuelita, les afecta el tener que someterse a procesos de tantos requisitos. Considera que el Colegio tiene una estructura administrativa financiera solvente y capaz de dar cuentas ante cualquier instancia reguladora sobre los dineros públicos invertidos en maquinaria, equipos e infraestructura, aún manteniendo sus compras en forma directa. Finalmente, solicita que se realice un estudio que determine si los dineros provenientes de la Ley N° 7372 se deben tomar también a modo de subvención, que se estudie la posibilidad de otorgar una excepción permanente que permita comprar en forma directa con tres cotizaciones y, que mientras se realiza la investigación, solicit ...

PAGE 6 Sra. Astrid Fischel Volio 3 de junio, 2003 DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio Nº 5776 3 de junio, 2003 DAGJ-743-2003 Señora Astrid Fischel Volio MINISTRA DE EDUCACION PUBLICA Estimada señora: Asunto: Consulta sobre la posibilidad de reconocer intereses por concepto de atraso en el pago de los salarios, y por los préstamos otorgados por la Caja de ANDE a los maestros que no han recibido su salario Nos referimos a su oficio Nº DM-2616-05 de fecha 19 de mayo del año en curso, recibido en esta oficina el día 20 de mayo siguiente, mediante el cual consulta el criterio de esta Contraloría General acerca de las siguientes interrogantes: a) La posibilidad legal de que el Ministerio de Educación reconozca y pague intereses sobre los salarios dejados de pagar a tiempo. b) En cuanto a materia presupuestaria, de cuáles partidas debería provenir el dinero para hacer frente a ese tipo de obligaciones y qué procedimientos habría que seguir para dotar de recursos la partida correspondiente. c) La posibilidad legal de que el MEP pueda cancelar a la Caja de ANDE los intereses generados por los créditos concedidos por ésta a los educadores que no han recibido su salario. Los diferentes puntos de la consulta planteada procede abordarlos en los siguientes términos: 1. Sobre la posibilidad de reconocer intereses por concepto de un atraso en el pago de salarios a los funciones públicos Como punto de partida, ciertamente debe tenerse claro que es un derecho incuestionable del trabajador recibir el pago de su salario, toda vez que esta remuneración reviste una naturaleza y un carácter especialmente sensible y particular, en tanto es indispensable para garantizar su existencia digna y la de su familia. En ese sentido, puede encontrarse una diferencia en relación con el pago de otro tipo de obligaciones en el tráfico jurídico que, si bien tienen carácter pecuniario, no revisten esa trascendencia para la ...

División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Señora Ginneth Bolaños Arguedas 3 5 de mayo, 2003 Al contestar refiérase al No. 04440 5 de mayo, 2003 DI-CR-165 Señora Ginneth Bolaños Arguedas Auditora Interna MUNICIPALIDAD DE PALMARES Estimada señora: Asunto: Consulta de la Auditora Interna de la Municipalidad de Palmares, sobre quienes deben rendir garantía a favor del municipio y si la Administración debe dictar un reglamento al respecto. Damos respuesta a su nota nro. DAI-013-2003 de 3 de febrero 2003, mediante la cual consulta sobre quiénes deben rendir garantía a favor del municipio y si la Municipalidad debe dictar un reglamento al respecto, o si este será dictado por la Contraloría General. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos (LAF). En primer término, para atender la primera parte de su consulta, sobre quiénes deben rendir garantía a favor del Municipio, se requiere transcribir el artículo 13 de la referida LAF. “ARTÍCULO 13.- Garantías Sin perjuicio de las previsiones que deba tomar la Administración, todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de los funcionarios. Las leyes y los reglamentos determinarán las clases y los montos de las garantías, así como los procedimientos aplicables a este particular, tomando en consideración los niveles de responsabilidad, el monto administrado y el salario del funcionario.” (El subrayado es nuestro). Como se observa, el precepto legal transcrito no contiene una lista ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área Servicios Municipales División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Servicios Municipales Sr. Mario Alberto Rojas Salas -2- 10 de marzo, 2003 Al contestar refiérase al oficio Nº 2274 10 de marzo, 2003 FOE-SM-357 Señor Mario Alberto Rojas Salas Alcalde Municipal MUNICIPALIDAD DE PALMARES Alajuela Estimado señor: Asunto: Respuesta sobre la facultad legal del Alcalde Municipal para llevarse el carro municipal asignado y guardarlo en su casa de habitación para cumplir con sus funciones. Nos referimos a su oficio No DE-034-03 del 11 de febrero de este año, mediante el cual nos consulta sí el Alcalde Municipal está autorizado legalmente para llevarse el carro municipal asignado y guardarlo en su casa de habitación para cumplir con sus funciones. Sobre el particular, nos permitimos comunicarle que las municipalidades se rigen por lo establecido en la Ley No. 5691 del 19 de mayo de 1975. Ahora bien, ante la carencia de un Reglamento Interno para uso y control de vehículos ese Concejo Municipal debe proceder a su elaboración, para su posterior aprobación y publicación, según lo establece esa Ley y los lineamientos y directrices de esta Contraloría.- Así lo ha reconocido la Sala Constitucional en el Voto 006445-99 al sostener: “Asimismo, el artículo 3 de la Ley número 5691, de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, es inconstitucional por violación de los artículos 140 inciso 3) y 170 de la Constitución Política, en lo referente a la potestad reglamentaria en relación con la autonomía municipal, lo anterior, por cuanto se le confiere a la Contraloría General de la República la tarea para que promulgue un reglamento para el “uso adecuado” de los vehículos municipales. A lo largo de esta sentencia han quedado en manifiesto tres principios fundamentales que motivan esta inconstitucionalidad: en primer lugar, que la autonomía administrativa municipal implica la posibilid ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área Servicios Municipales División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Servicios Municipales Sr. Mario Alberto Rojas Salas -2- 7 de marzo, 2003 Al contestar refiérase al oficio Nº 2216 7 de marzo, 2003 FOE-SM-343 Señor Mario Alberto Rojas Salas Alcalde Municipal MUNICIPALIDAD DE PALMARES Alajuela Estimado señor: Asunto: Respuesta sobre la posibilidad de que la Municipalidad de Palmares pueda abrir una cuenta corriente en la Mutual de Alajuela o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Nos referimos a su oficio No DE-033-03 del 11 de febrero de este año, mediante el cual nos consulta si la Municipalidad de Palmares se encuentra facultada para abrir una cuenta corriente en la Mutual de Alajuela o en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el propósito de ofrecerles a sus empleados el pago de salarios. Sobre el particular, nos permitimos comunicarle que el numeral 60 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional No. 1644, reformado por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No. 7558 del 3 de noviembre de 1995, establece lo siguiente: “Artículo 60.- Los bancos podrán recibir todo tipo de depósitos y otras captaciones, en moneda nacional o extranjera, de cualquier persona natural o jurídica, los cuales quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley y a los requerimientos de encaje mínimo legal y demás condiciones impuestas en la Ley Orgánica del Banco Central. Tales depósitos y captaciones se regirán, en lo demás, por los preceptos de los reglamentos de los propios bancos y por las disposiciones de las leyes comunes en lo que les fueren aplicables. Los depósitos de las secciones de capitalización de los bancos se regirán, además, por las prescripciones especiales que, en cuanto a ellos, establece la presente ley. El Estado y las entidades públicas de carácter estatal, así como las empresas públicas cuyo patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, al Estado o a ...

1 2 Licda. Carolina Rojas Jiménez 27 de febrero, 2003 Licda. Lorena Víquez Muñoz DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL UNIDAD DE AUTORIZACIONES Y APROBACIONES Al contestar refiérase al oficio Nº 01840 27 de febrero, 2003 DI-AA-488 Licenciadas Carolina Rojas Jiménez Lorena Víquez Muñoz División Jurídica Ministerio de Educación Pública Estimadas señoras: Asunto: Consulta en torno a la independencia de criterio y de protección especial de los miembros de la Unidad Técnica Legal Damos respuesta a su oficio DASE-UTL-041-2002 del 26 de noviembre del año recién pasado, mediante el cual consultan a este Organo Contralor “si de conformidad con el bloque de legalidad imperante, los miembros de la Unidad Técnica Legal, gozan de total independencia de criterio para emitir sus criterios jurídicos y de algún fuero de protección especial (incluso si el funcionario sirve el cargo en forma interina), semejante en sus alcances legales al que gozan los miembros de las Auditorías Internas de las Instituciones Públicas, como colaboradores en la vigilancia de la Hacienda Pública en el área de educación pública.” Dicha consulta la formulan, según nos explican en su nota, en razón de que esa Unidad Técnica Legal debe fiscalizar el correcto uso de la Hacienda Pública en una labor diaria de revisión de la regularidad jurídica de los procedimientos de contratación administrativa, siendo que muchas veces tales procedimientos de contratación, en cumplimiento del bloque de legalidad que rige a la Administración, no deben ser refrendados por esta Contraloría General de la República sino que basta con la aprobación interna de esa Unidad Técnica Legal para su ejecución. Al respecto, hemos de indicar lo siguiente: El refrendo que otorga esta Contraloría General a los contratos administrativos constituye una fiscalización de la legalidad de la contratación misma y su conformidad con el ordenamiento jurídico, de forma tal que sólo una vez que el contrato ...